La Ley de Servicios Digitales, que impone mayores medidas de protección para los consumidores y prevé elevadas multas si no se cumplen, entró en vigor el pasado 25 de agosto y afecta a 19 grandes plataformas, entre ellas Google.
Dicha ley prohíbe la publicidad online individualizada basada en aspectos como la religión, la orientación sexual o el origen étnico. Asimismo, las personas menores quedan fuera de ser consideradas como targets. Los patrones oscuros quedan prohibidos (una artimaña del diseño web para engañar a quienes visitan una página para que ejecuten determinadas acciones) y darse de baja debe ser tan sencillo como darse de alta de un servicio.
Aunque la legalidad o no de un contenido es potestad de los diferentes estados, las plataformas tienen obligación de proporcionar explicaciones cuando eliminan contenido y proporcionar herramientas para que sus clientes reclamen cuando este hecho se produzca. En cuanto a los algoritmos, han de ser públicos y con posibilidad de elegir una opción no basada en nuestros intereses.
A partir del 17 de febrero de 2024 también entrarán en vigor algunas de estas obligaciones para plataformas con una cifra de usuarios activos mensuales inferior a 45 millones.
Además, para esa fecha se exigirá que los estados miembros nombren a una persona para coordinar los servicios digitales, cuya misión será revisar el cumplimiento de la legislación.